El gobierno ha convocado elecciones generales para el próximo 28 de abril, poniendo punto final a un mandato que comenzó tras la moción de censura a Mariano Rajoy el 31 de mayo de 2018. Estas elecciones han sido fundamentalmente propiciadas por el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. Es hora de analizar la política económica de estos ocho meses de gobierno, el más breve de la historia de la democracia en España.
Lo que ha caracterizado a la presidencia de Sánchez en el terreno económico han sido las distintas medidas enfocadas hacia el gasto social. La más importante ha sido la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) un 22,3%, alcanzando los 900 euros.
El Banco de España ha advertido de que esta subida puede afectar negativamente al empleo con una pérdida estimada del 0,8% de empleo asalariado a tiempo completo, lo que significaría la destrucción de alrededor de 125.000 puestos de trabajo.
Efectos de la subida del SMI
Afectaría sobre todo al colectivo de los jóvenes y mayores con bajo nivel de formación, cuya productividad es inferior a la media. Estas cifras están basadas en un estudio del efecto en el empleo de la última subida del Salario Mínimo en España en 2017. No obstante, habrá que esperar unos años para ver el efecto real de esta medida.
El gobierno socialista también asumió mediante decreto ley los compromisos del anterior ejecutivo, que han supuesto una subida de las pensiones del 1,6% y del 3% para las mínimas, y la subida del sueldo de los funcionarios un 2,25%.
En el horizonte aparecen otras medidas sociales para antes de las elecciones: creación de la Academia Joven de España, que dará apoyo y visibilidad a los jóvenes científicos españoles; el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que busca la reducción de gases de efecto invernadero y el aumento de las energías renovables, o la elevación del permiso de paternidad hasta las 16 semanas en 2021.
Objetivo: un trabajo digno
En materia laboral, el Gobierno aprobó el 27 de julio el llamado Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, cuyo objetivo es recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo. El plan tiene dos ejes: combatir el fraude en la contratación temporal y luchar contra la irregularidad en la contratación a tiempo parcial. Un problema estructural del mercado laboral español, aunque los últimos datos indican que de agosto a diciembre se convirtieron 61.445 trabajos temporales en indefinidos. Sin embargo, como sucede con la subida del SMI, habrá que esperar para evaluar los efectos reales de este plan.
A lo largo de este mandato no se ha producido la derogación de la reforma laboral del anterior ejecutivo, que será uno de los ejes del gobierno de Sánchez si llega al Palacio de la Moncloa tras las elecciones del 28 de abril.
¿Y los ingresos?
Ante el incremento del gasto por parte del ejecutivo en este mandato, se echan de menos medidas destinadas a aumentar la otra partida fundamental, la de los ingresos. Las iniciativas en este sentido se iban a materializar en unos presupuestos que han sido rechazados y que contemplaban medidas como:
subidas del IRPF de dos puntos para rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las superiores a 300.000 euros;
subida del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades al 15% para las grandes empresas;
incrementos de los impuestos al diésel en 3,8% céntimos por litro;
las tasas Tobin y Google,
o las medidas contra el fraude fiscal.
También el gobierno descartó en septiembre un impuesto a la banca con el objetivo de contribuir a la financiación de las pensiones. Y recordemos uno de los graves problemas de la economía española: la deuda pública, que alcanzó a finales de 2018 los 1,17 billones de euros, el 97% del PIB. Hay que tener en cuenta que la deuda pública se situaba en el 36% del PIB en el año 2007, justo antes del comienzo de la crisis.
El problema radica fundamentalmente en que los gobiernos en estos últimos años de recuperación económica no han conseguido reducirla de manera sustancial. En este sentido, las políticas de racionalización del gasto público y de saneamiento de las cuentas públicas han sido claramente insuficientes.
Poca coherencia
Un aumento sustancial del gasto público que no esté respaldado por los correspondientes ingresos es, cuanto menos, poco coherente. Por tanto, hay que pedir responsabilidad a los políticos para tener una visión a largo plazo, más allá de medidas electoralistas de gasto a corto plazo.
El otro gran problema de la economía española es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y con la demografía y el alto desempleo que aún soporta la economía española esta labor se hace difícil. Ni el gobierno de Sánchez ni el de Mariano Rajoy han logrado encontrar soluciones a esta cuestión.
La respuesta a estos grandes desafíos debe llegar de la mano de reformas estructurales. El gobierno debería explotar las ventajas competitivas del país (turismo, energías renovables, sector hortofrutícola, etc.), abrazando con fuerza lo que los economistas denominan la “cuarta revolución industrial”, concepto que alude a la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas.
Esto significa planificar y fomentar el desarrollo de tecnologías tales como la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología o la computación cuántica. Otro aspecto clave es renovar el sistema educativo para preparar a la población activa del futuro para estos importantes retos y, de esta manera, lograr una reducción significativa del desempleo.
Por tanto, podemos concluir que este breve gobierno socialista se ha caracterizado por medidas de gasto social, pero sin un correlativo aumento de la contrapartida de los ingresos, lo que acarrea serios riesgos para la economía. Tampoco se ha racionalizado el gasto de las administraciones públicas, asignatura pendiente de todos los gobiernos.
Y continúan sin afrontarse los mayores problemas de la economía española, como la deuda pública o las pensiones. Sin una visión a largo plazo y reformas estructurales de mayor calado que las llevadas a cabo hasta ahora tanto por el gobierno de Sánchez como por los anteriores, seguirán siendo la eterna asignatura pendiente de España.