La aceptación social de proyectos renovables supone un desafío cada vez más relevante y discutido. Ha llegado incluso al cine, reflejado en películas como Alcarràs y As bestas. Y es que, aunque la mayoría de las personas estamos de acuerdo en la importancia de las renovables para descarbonizar la economía y combatir la amenaza del cambio climático, tal vez nadie quiera tener un aerogenerador en su jardín o que bloquee su vista al paisaje.
El rechazo social a estos proyectos se puede presentar en todos los esquemas (en mayor y menor medida), desde los llevados a cabo por entidades promotoras hasta los planteamientos alternativos que promueven desarrollos energéticos como las comunidades energéticas en los que la ciudadanía es protagonista.
Cuando ocurre, el rechazo va más allá del conocido movimiento Not in my backyard (NIMBY). Este no es el único factor implicado en la resistencia de la ciudadanía a los desarrollos de energía renovable, sino más bien una explicación simplista de esta problemática social.
Beneficios para las comunidades
La falta de aceptación social está a menudo relacionada con que las personas perciben que no se distribuyen equitativamente los beneficios y los costes del proyecto entre las entidades desarrolladoras y la comunidad donde se lleva a cabo.
Sin embargo, se deben seguir desplegando las energías renovables para lograr la transición energética. Esta transición debe ser justa a nivel energético y, por ende, debe promover una distribución equitativa de los beneficios y los costes de los servicios energéticos. También debe contribuir a una toma de decisiones en energía más representativa e inclusiva.
Por eso es necesario llegar a acuerdos que contribuyan al bienestar general de la sociedad y de las localidades donde se asientan las infraestructuras renovables.
Estos acuerdos se impulsan cuando existe conciencia de que las energías renovables no sólo son necesarias en la lucha contra el cambio climático, sino que también brindan múltiples beneficios para las localidades donde se desarrollan.
Read more: Para que las energías renovables contribuyan al desarrollo rural deben involucrar a los vecinos
Bien gestionados, los proyectos renovables promueven el desarrollo económico mediante la compra de bienes y servicios locales, alquiler de tierras y generación de empleo, que dan lugar al mantenimiento y creación del tejido empresarial local. Además, incrementan los ingresos al municipio por conceptos de impuestos, siendo una vía importante para mejorar los servicios y dotación de los municipios. Esta activación económica en las zonas menos pobladas también puede tener un impacto demográfico positivo.
Las entidades promotoras de los proyectos pueden promover la aceptación social con medidas como la reducción de la factura de la luz o la compensación en términos de bienes o servicios para la comunidad. Pueden tener sinergias con otros proyectos que se desarrollen en paralelo, como el uso compartido del suelo para integrar la instalación con actividades económicas locales (agricultura, la apicultura, la ganadería, la gestión forestal o el turismo).
Información y participación
A pesar de los múltiples beneficios, el “no” a los proyectos está también relacionado con no brindarle –o no hacerlo en el momento oportuno– a la población la suficiente información sobre las características y beneficios de estos, así como a la falta de oportunidades y alternativas de participación. Todo esto deriva en falta de confianza en las entidades desarrolladoras.
Los proyectos no se pueden diseñar solamente teniendo en cuenta la viabilidad económica y técnica. Se debe tener en cuenta también la viabilidad social o la existencia de una “licencia social para operar”, que se construye al involucrar a la comunidad desde el inicio del proyecto, de manera que las personas puedan desarrollar un sentimiento de propiedad sobre éste.
La propiedad psicológica se alcanza mediante distintos mecanismos como la participación activa desde etapas tempranas en los proyectos –la ciudadanía puede deliberar y cooperar con las entidades desarrolladoras e instituciones públicas–, estrategias de comunicación e información efectivas sobre todos los aspectos de los proyectos –técnicos, económico-financieros y medioambientales– y un diseño de los proyectos según las características y necesidades específicas de cada localidad.
Así, aunque no existe una solución única para lograr la aceptación social y la participación en los proyectos, sí existen prácticas deseables que pueden contribuir a un mayor apoyo de la comunidad y a su bienestar, que desarrollamos a fondo en nuestro informe de aceptación social de proyectos de energías renovables locales.
Es responsabilidad de todas y todos, desde las entidades desarrolladoras, administraciones e instituciones públicas, líderes sociales y la ciudadanía en general estar adecuadamente informados y trabajar en conjunto para lograr una transición energética equitativa, justa y eficiente.