Contorsionar el Código Penal para que, ante un daño injusto, alguien, quien sea, sea castigado, es una tentación ancestral. En las sociedades democráticas debería contenerse.
Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la prohibición del sacrificio de animales con los rituales halal y kosher. ¿Qué dice el derecho de la UE sobre estas prácticas?
Dentro del Parque Nacional Yellowstone existe una “zona de la muerte”, una franja de tierra deshabitada en la que una laguna legal impide que cualquier crimen pueda ser juzgado.
En 1982 un tribunal francés dictaminó que la voz es un atributo más de la personalidad de Maria Callas, lo que se hace extensible al resto de personas.
Cada vez más, la tecnología permite interferir y registrar la actividad de nuestro cerebro, lo que apremia a legislar para protegerlo frente a las potenciales intromisiones.
Entre los peritos de nuestro sistema judicial, los astrónomos desempeñan un papel interesante y poco conocido. El autor de este artículo es astrónomo y aporta pruebas a varios casos por semana.
Las clínicas jurídicas facilitan el ejercicio de sus derechos a las personas desplazadas por la guerra en Ucrania. De forma coordinada han elaborado una guía de trámites por Comunidades Autónomas.
Desde los tenistas hasta los representantes públicos, el doble rasero en la ley tiene consecuencias de gran calado que minan la confianza de los ciudadanos en el sistema.
La seguridad jurídica es fundamental en un Estado de derecho pero la estabilidad y la previsibilidad de las normas no excluyen que también se necesario, a veces, renovar el ordenamiento jurídico y adaptar las normas a las nuevas realidades.
La crisis de la covid-19 ha aumentado el gasto público. Antes que subir impuestos, mejor optimizar los recursos, evitando el fraude de algunos contribuyentes y el despilfarro en las Administraciones.
Todos los conflictos jurídicos surgidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se resuelven a través de un procedimiento arbitral acelerado de 2 o 3 días, o de solo 24 horas en casos urgentes.
La tecnología de cadenas de bloques garantiza la inmutabilidad de los términos y las condiciones de ejecución de los contratos inteligentes eliminando la discrecionalidad humana en la ejecución del acuerdo.
Debería regularse un régimen de responsabilidad civil aplicado a los casos en que los sistemas de inteligencia artificial ocasionen perjuicios, como un incendio o una colisión.
La digitalización y la complejidad del tiempo presente, y futuro, exigen que repensemos la regulación en relación a la tecnología y se evalúe si necesitamos nuevos derechos digitales.
Si una persona está incapacitada para decidir si quiere vacunarse contra la covid-19, ¿quién debe decidir por ella? La decisión deberá atender al mayor beneficio para la vida o salud del paciente.
A menudo se acusa a las plataformas virtuales de obtener ventajas en el mercado con estrategias ilícitas. Pero ¿qué dice la regulación al respecto? ¿Son ciertas estas denuncias?
La crisis sanitaria, económica y social sin precedentes causada por la covid-19 supone un sinfín de casos fortuitos y de incumplimientos contractuales, pero nadie puede saltarse las normas del Derecho.
La vigilancia a los trabajadores a través de la tecnología vulnera sus derechos. Por eso es obligatorio hacerles saber, y que autoricen, ese control. Solo puede ser secreto en circunstancias excepcionales.
Es muy probable que el término “alarma” se asocie en la sociedad a una mayor gravedad, y no a una precisa cobertura constitucional, que es lo que ocurre en este caso.
La capital de España y otras ocho ciudades de la Comunidad de Madrid vuelven a estar en estado de alarma. El decreto del Gobierno aplica por esta vía las medidas de contención de la pandemia de COVID-19 que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la víspera. Desmenuzamos sus implicaciones.
Catedrático (acreditado) de Derecho Penal y Director de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea